Vivimos tiempos de incertidumbres y, al parecer, es imprescindible cambiar el desarrollo de nuestro Estado de Bienestar a la baja, porque es insostenible tal y como le conocemos hoy. Ya está en marcha la reforma del sistema de pensiones, que hará que los españoles tengan que trabajar más años para, seguramente, cobrar menos pensión. No acabamos de digerir la reforma cuando nos toca enfrentarnos a reducciones importantes en los presupuestos de las administraciones autonómicas y locales, que son quienes tienen la responsabilidad sobre la atención social.
Durante el verano hemos visto cómo se han reducido los servicios prestados, con cierres de centros, eliminación de programas, reducciones de horarios, cancelaciones de servicios de teleasistencia y ayudas a domicilio, y acumulación de retrasos en la concesión de prestaciones o servicios de ayuda a la atención a la dependencia.
Los ciudadanos no somos responsables de la incompetencia de unos gestores que no han sabido planificar unos servicios sostenibles. En noviembre hay elecciones generales y estaremos muy atentos a qué proponen unos y otros especialmente en materia de atención social. Debemos ponernos en guardia y estar preparados para defender con contundencia los logros alcanzados hasta ahora por la sociedad civil.
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